En Lima, una ciudad de más de 10 millones de habitantes, el acceso a áreas verdes no es equitativo. Mientras distritos como San Borja, Miraflores o San Isidro superan con creces los 8 metros cuadrados de zonas verdes por habitante recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), otros como Villa María del Triunfo, Pucusana o Breña se ubican muy por debajo, con cifras inferiores a los 2 m²/hab. En el caso extremo, Villa María del Triunfo apenas cuenta con 0,54 m² por persona.
La falta de espacios verdes afecta directamente la calidad de vida. Estos lugares no solo aportan beneficios ambientales —como la reducción de temperatura y la purificación del aire—, sino que también cumplen una función social vital en comunidades donde el espacio público es escaso. En los distritos más afectados, el crecimiento urbano desordenado, la ocupación de laderas y la limitada inversión pública son factores determinantes.
Frente a esta realidad, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha impulsado el Plan Maestro de Áreas Verdes 2021–2030, que busca aumentar la cobertura vegetal con la plantación de más de 500 mil árboles y la recuperación de parques y alamedas. Sin embargo, su implementación avanza lentamente y muchas veces choca con la falta de articulación entre gobiernos locales y el presupuesto limitado de los distritos más vulnerables.
Algunos municipios, como El Agustino y Villa El Salvador, han empezado a desarrollar microproyectos de arborización con apoyo de empresas privadas y ONGs. Estas iniciativas, aunque valiosas, no bastan por sí solas para reducir la brecha. La clave está en convertir la creación de áreas verdes en una política pública prioritaria y sostenida en el tiempo, con financiamiento centralizado y metas claras.
Según especialistas en urbanismo, es necesario cambiar el enfoque: no se trata solo de construir parques en zonas residuales, sino de integrar la naturaleza al diseño urbano, con corredores ecológicos, techos verdes y espacios multifuncionales.
La meta es ambiciosa: pasar de los actuales 3 m² por habitante en promedio, a 8 m² en los próximos 10 años. Lograrlo dependerá de decisiones políticas valientes, voluntad técnica y una ciudadanía que exija más verde en su entorno.
